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DERECHO A LA PROTESTA: PEPPO FIRMÓ UN PEDIDO DE DESESTIMACIÓN DE LOS JUICIOS CONTRA PUEBLOS ORIGINARIOS

Se trata de una causa que involucraba a 300 personas de pueblos originarios de la zona de General San Martín, quienesaños atrásparticiparon de una protesta.

 

El gobernador Domingo Peppo firmó el pedido de desestimación en los juicios penales contra pueblos originarios. La petición formal será entregada a Procuraduría General para que desde allí se deje sin efecto aquellos procesos legales contra pueblos originarios que se iniciaron desde el gobierno provincial años atrás."Significaría criminalizar las protestas sociales y coartar la libertad de los ciudadanos", afirmó Peppo.

La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos Néstor Sotelo y el Defensor del Pueblo Gustavo Corregido. Se trata de juicios que comenzaron en febrero 2014, cuando aborígenes del interior provincial realizaron una serie protestas por la falta de agua en su comunidad.

"No tiene sentido para el gobierno la continuidad de estos procesos legales, por ende hemos decidido desistir hacia esas causas que tienen que ver con situaciones de pueblos originarios del interior provincial,  desde ahí esperamos contribuir a que esos temas se vayan cerrando", remarcó el gobernador.

La medida fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y los fiscales y procuradores, junto con el Comitéde Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos. "Analizamos  la despenalización de las causas originadas a partir de la manifestación de las comunidades originarias de la zona de General San Martín, quienes reclamaban agua durante la gestiones anteriores", aclaró Goya.

Luego de este proceso surgió la propuesta de disentimiento de las causas para lograr que no sean penalizadas personas que estaban reclamando por el agua, la tierra y su calidad de vida, que en ese momento se veía vulnerada. "Esta decisión habla muy bien del gobernador Domingo Peppo, y de su sensibilidad social", recalcó el secretario de Derechos Humanos.

De prosperar, la causa devendría en el proceso y la condena de más de 300 integrantes de las comunidades aborígenes de la zona, generando un nuevo conflicto social. "Nos oponemos a la criminalización de la propuesta social: esto significa que una persona que está reclamando por sus derechos más elementales como el agua, el techo digno, el acceso a su alimento, pueda ser penalizada", explicó

La causa estaba a punto de ser elevada a juicio, según comentó el secretario, quien valoró el aporte del defensor del Pueblo. "Hemos logrado una solución que nos permitió llegar a una verdadera definición que responde a la justicia social. Está previsto comunicarle este pedido al fiscal Fonteina, en manos de quien quedará la causa", explicó.

Acto de estricta justicia

El subsecretario de Protección de Derechos Humanos Néstor Sotelo indicó que el documento será presentado ante el procurador adjunto Miguel Fonteina a los efectos de que disponga las medidas necesarias para que desestime el juicio "debido al agotamiento procesal y a que no existe una demanda por parte el Estado provincial". "Dado la magnitud del problema ameritaba que el gobernador tome intervención y desista del proceso penal para que no sigamos en este camino de criminalización que no conducía a nada", subrayó.

"Esto significa un acto de estricta justicia por parte del gobierno. Pedían por el agua por su tierra entonces no nos parece adecuado continuar con las acciones penales y el gobernador nos acompañó formalizando el pedio de desistimiento ante la procuraduría del Chaco", enfatizó.

Garantizar el derecho a la protesta

El defensor del pueblo Gustavo Corregido recordó que hace un par de años el gobierno inició un camino que hoy se encuentra bastante avanzado en términos judiciales que criminalizaban actos que con toda justicia llevaban adelante los pueblos aborígenes.

En ese sentido, valoró la decisión del gobernador Domingo Peppo de expresar en un escrito que el Estado Provincial no se vio afectado por estas acciones de los pueblos originarios y con un proceso penal que no tiene razón de ser. "Es un acto que hecha luz y justicia sobre esta persecución criminal para las comunidades aborígenes y fija un horizonte de protección del derecho a la protesta, sino podemos protestar no podemos ejercer este derecho ni ningún otro", concluyó.

 

 

 

 

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