DERECHOS HUMANOS CELEBRA LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DE TIERRAS QUE EVITA DESALOJOS A COMUNIDADES ORIGINARIAS

La ley 27.400 de Comunidades Indígenas fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya destacó la aprobación de la ley 27.400 de Comunidades Indígenas publicada este jueves en el Boletín Oficial. La normativa prorroga la emergencia y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Goya felicita a la Cámara de Diputados de la Nación, principalmente a los diputados nacionales Lucila Massin, Analía Rach Quiroga y Juan Manuel Pedrini, y senadora nacional María Inés Pilatti Vergara, que solicitaron la prórroga de la ley 26160.

Además felicita a los pueblos originarios del país y en especial de la provincia por la lucha histórica por el derecho a las tierras. “Esperamos con ansias la instrumentación de la ley con amplia participación de los pueblos nativos”, remarcó.

La legislación prevé además la creación de un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 que se asignarán en tres ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 que será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demande el relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas, las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales; y los programas de regularización dominial.

La ley 26160 en su artículo 1 “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.

En su artículo 2 suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º”. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

 

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