DESARROLLO SOCIAL PARTICIPÓ DE LA MESA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD JUVENIL

Integrantes de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia participaron del espacio que analiza políticas y medidas territoriales para adolescentes infractores de la ley penal.

Integrantes de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia participaron de la tercera Mesa Nacional de Responsabilidad Juvenil que se reunió en Buenos Aires, para analizar las medidas territoriales que se aplican para adolescentes infractores de la ley penal. Allí se acordó la creación de un Registro Único Nominal (RUN) de adolescentes infractores de la ley penal en Argentina.

El registro unificará la información confiable y actualizada, relevada bimestralmente de todas las provincias que permite contribuir al diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas en materia penal juvenil. El objetivo es el monitoreo y el perfeccionamiento de las políticas públicas desde la mirada que garantice la protección de derechos.

Estas mesas se confirman a raíz del acta compromiso para asegurar las bases de principios de especialidad firmado por los representantes del Consejo Nacional de Niñez, el cual conformamos”, sostuvo Pablo Diez, director de Protección de Derechos quien participó del encuentro.

En el país existen 116 dispositivos penales juveniles, 63 de privación de la libertad, 25 de restricción y 25 de medidas de territorio a lo que se suman tres centros de admisión y derivación. Del análisis numérico, se desprende que el relevamiento alcanza a 6.275 adolescentes relevados, de los cuales el 79,4% están con medidas de territorio (libertad asistida), el 20% con medida de privación o restricción. En lo que hace a localización geográfica, el 44% se encuentran en la provincia de Buenos Aires, que junto a Córdoba y Mendoza forman el 70% de la población.

Además de los relevamientos, en la mesa de trabajo se abordó la autoevaluación institucional, accesibilidad al derecho a la educación, la identidad y la salud en el sistema penal juvenil como parte del sistema de protección de derechos, sin dejar de lado el flagelo que implica el consumo problemático.

Para ello, primero se divide en imputables e inimputables, para los primeros en razón de la edad o el delito se adoptan medidas ordinarias en cuanto a garantizar acceso a derechos como la educación formal, el tratamiento psicológico y la incorporación al sistema de salud, seguimiento y monitoreo), los que son mayores de 16 años de edad se encuentran bajo la dependencia del juzgado del Menor de Edad y la Familia, quien ordena la medida y desde Desarrollo Social se acompaña.

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