DERECHOS HUMANOS: LAS PERSONAS JUDICIALIZADAS Y ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS ESTÁN HABILITADOS A VOTAR

Segovia insta a la comunidad y a los actores institucionales a garantizar y facilitar el acceso de estas personas a los derechos políticos consagrados por las constituciones Nacional y Provincial, y los acuerdos internacionales.

La secretaria de Derechos Humanos Celeste Segovia recuerda que las personas que estén privadas de libertad sin condena –procesadas-, así como quienes se encuentren institucionalizados por medidas judiciales y/o administrativas, de manera voluntaria u coercitiva, tienen derecho pleno al ejercer su voto en las elecciones Nacionales Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el 11 de agosto, así como en las elecciones generales.

Es decir que los adolescentes mayores de 16 años en conflicto con la Ley Penal,  personas con padecimientos mentales, con discapacidad psicosocial y  adultos mayores alojados en residencias públicas o privadas pueden ejercer su derecho al voto.

Por ello, Segovia instó a la comunidad y a los actores institucionales a garantizar y facilitar el acceso de estas personas a los derechos políticos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chaco y los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Para nosotros es muy importante y estamos trabajando de cara a las elecciones, para ver el modo o instar a que los Juzgados Electores Provinciales y Federales hasta los organismos del Órgano de Aplicación de la Ley de Salud Mental, a fin de que puedan garantizar y prever las condiciones necesarias, como para que todos puedan votar” dijo la funcionaria provincial.

Es así, que a través de la Dirección del Programa de Protección y Prevención de Violación de Derechos Humanos, encabezada por la licenciada Carolina Fule, se trabaja junto a organismos como el Comité de Prevención de la Tortura, Situación de Pensamiento Penal y el Órgano de Revisión de Salud Mental para delinear acciones conjuntas en el marco de garantizar el pleno ejercicio del Derecho al Voto de las personas discapacitadas, con problemas de salud mental, adultos mayores y jóvenes que están en situación de hogares.

Fule expresó: “Pensamos en las personas que están en contextos de encierro, es decir no sólo los que están privados de su libertad, sino quienes están internadas en instituciones de Salud Mental, en psiquiátricos o la población de adultos mayores que están en residencias, además la situación de jóvenes mujeres y varones que están institucionalizados en hogares, que también ya tienen la edad como para ejercer libremente el derecho al sufragio activo”.

“Nos parece una tarea fundamental, porque la ley de Salud Mental promueve el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con padecimiento penal, si bien la Ley del Código Electoral Nacional plantea, dentro de la población excluida, en el padrón electoral a los ‘dementes”, expresó, al tiempo que recordó que la Convención sobre los Derechos con Discapacidad, plantea que las personas que quieren votar puedan pedir ayuda: “Eso se llama sistema de apoyo para que puedan apuntalar y cumplir con las necesidades de aquellos que no se les facilita la acción de votar, esto implica a cualquier tipo de discapacidad”, explicó.

 

 

 

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