DERECHOS HUMANOS LOGRÓ DOS SENTENCIAS POR LESA HUMANIDAD EN 2019

“Es inédito, trascendental e histórico para el país y para el nordeste, al haber obtenido una condena por el delito de lesa humanidad contra cómplices civiles judiciales y del servicio penitenciario con respecto a los delitos de torturas y apremios ilegales que se han cometido sistemáticamente en la última dictadura cívico militar, desde el año 76 en adelante” expresó en la mañana de hoy la secretaria de Derechos Humanos Celeste Segovia en conferencia de prensa realizada en la Secretaría, al referirse al caso Mazzoni-Casco. 

“A través de las instrucciones del gobernador del Chaco, Domingo Peppo, esta secretaría se ha constituido en querellante, comenzó este juicio en este año y finalmente se obtuvo condenas hacia Casco y Mazzoni (ex Fiscal Federal) al cual se le atribuyó la responsabilidad y autoría de haber cometido delitos de apremios de tortura y haber omitido investigar de manera maliciosa los delitos que ocurrieron en esa época nefasta para la Argentina” manifestó la funcionaria.
La Dra. Segovia relató “para que el engranaje criminal funcione, debían asegurar a las personas que participaban en esas masacres, iban a tener impunidad y que los hechos que cometían no iban a llevar nunca a una investigación penal, ese fue el rol que cumplió el condenado ex fiscal Mazzoni. El rol que le asigna la Constitución a la justicia, es de defender al ciudadano de la comisión de delitos que se pudieran realizar contra él y acá teníamos a uno de los principales autoridades de la justicia federal, cometiendo el mismo delito contra las personas”.

“Ante él llegaban los detenidos con marcas de quemaduras, de lesiones en la piel de las torturas que venían sufriendo hace semanas y él no tomaba las denuncias, no impulsaba las investigaciones, pero lograba realizar maltrato psicológico ante los detenidos y nosotros logramos probar que una de las detenidas Gregoria Pérez fue amenazada con un arma en el momento de la declaración indagatoria” destacó.

“Al ex fiscal federal Mazzoni, funcionario judicial hasta el 2007 se le atribuyó la autoría como responsable de haber omitido todo tipo de investigación a denuncias que se hacían con respecto a la violación de derechos humanos sufridos en esa época, y también por haber sido partícipe en torturas psicológicas, circunstancias que dichas acciones han sido una estrategia diagramada por los abogados de esta Secretaría de Derechos Humanos, el dr. Duilio Ramirez, el dr. Paulo Pereyra”.

“A Casco se le atribuye haber sido uno de los principales jefes de lo que se llamó “guardia dura” del servicio penitenciario. Se acreditó en concurso real, es decir, varios hechos en formas reiteradas y sistematizadas, es decir, no fue un hecho aislado de apremios ilegales, de tortura, de participación en este tipo de delitos cometidos a víctimas y perseguidos políticos. Fue sindicado por testigos como el principal torturador quien ejercía el rol del eslabón represivo sobre las personas que se hallaban privadas de su libertad, (ilegítimamente por supuesto), los mortificaban al máximo de las posibilidades, hacerlos sentir que su vida pendía de un hilo, hacerlos pasar días sin comer, o pasar frio o aplicándoles sanciones sin sentido, para quebrarlos en su ánimo de resistencia” dijo la funcionaria.

“Se logró probar en el expediente que el jefe de guardia Casco era realmente el peor el que se destacaba por su inhumanidad, tan es así que declaró en el expediente otro de los jefes de guardia sobre quien no pesaba ninguna de estas acusaciones. El imputado Casco fue quien entregó a los presos el 12 de diciembre de 1976 que finalmente iban a ser masacrados en la ruta a Margarita Belén. Se lo implica como participante de traslados de los detenidos a la Liguria en condiciones de golpes permanente, de amenaza de inhumanidad total, entonces la sentencia que se obtuvo, también penaliza esa conducta de un miembro del Servicio Penitenciario Federal, es realmente importante porque no hay muchos fallos que hayan arribado a esa conclusión” dijo Segovia.


La condena
“Para nosotros es muy importante esta condena, aunque podamos discrepar o discutir la agravación de la pena, esperábamos una mayor pena, fue muy difícil probar la complicidad civil en la última dictadura cívico militar. Esa es una cuestión que seguramente los abogados evaluarán técnicamente cuando tengan los fundamentos de la sentencia” agregó.
“En el norte, somos la única provincia que está llegando a los seis juicios con condena de lesa humanidad y principalmente lograr probar la responsabilidad de la pata judicial de funcionarios judiciales y del servicio penitenciario, es un hecho trascendente que marca un antecedente en toda la jurisprudencia en materia de lesa humanidad” opinó Segovia.


Caballero III y Napalpí
“Queda la causa de Caballero III que se desprende de otros testimonios que están en otros juicios ya con sentencia, y en este momento estamos empezando la etapa de investigación de lo que es la masacre de Napalpí, en lo que se denomina un juicio por la verdad histórica, de lo que ha ocurrido en ese hecho aberrante hacia los pueblos originarios” manifestó la funcionaria.


Trabajo de los fiscales querellantes
Por su parte, el fiscal querellante Dr Paulo Pereyra “hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para acusar a Mazzoni (ex fiscal federal general que recordemos que ha estado en funciones hasta el año 2007) cuando fue cesanteado en sus funciones y detenido en aquel tiempo. Nuestra estrategia central se basó en el testimonio de Mirta Clara y Gregoria Pérez, para entender que las sesiones de tortura nunca terminaban, sino que continuaban en su despacho”.

“Lo probamos y lo alegamos con la contundencia que merecían estas víctimas y la sociedad entera para entender que aquellos funcionarios judiciales y civiles que cooperen o colaboren de algún modo para lograr la impunidad van a ser sentenciados, y es un mensaje a las actuales violaciones de los DDHH. En ese sentido creemos que es un fallo trascendental, pionero en esta zona de la provincia y tendrá impacto a nivel nacional en causas similares en el país” destacó Pereyra.

Duilio Ramírez, relató “esto demuestra que la persistencia, el trabajo metódico, responsable. Logra finalmente arribar a una sentencia donde todos los hechos que se han puesto a consideración del tribunal, han sido probados, pese a haber transcurrido más de cuatro décadas, aun se logró recuperar pruebas, se logró tomar testimonios, que vertidos en el juicio, nos eriza la piel. Las personas que sufrieron esos atropellos, esas torturas siguen en el día de hoy sufriendo sus consecuencias, por lo que pedimos a aquellos que pudieran aportar pruebas o elementos que aún no fueron llevados a juicio, que se acerquen y que su voz va a ser escuchada y que tengan confianza en el sistema de juzgamiento, porque habiendo transcurrido seis debates orales, varios de ellos con sentencia firme, ninguna de esas causas ha sido declarada nula, sin observaciones, en cuanto a la calidad del proceso o a la profesionalidad del trabajo, entonces, significa una maduración de nuestras instituciones”.

“Las circunstancias traumáticas no se borran nunca en la vida de las personas, pero pueden encontrar un alivio si ven por parte del Estado un reconocimiento de su dolor y una sanción para aquellos que le proporcionaron ese sufrimiento, por eso animamos a las personas que aun teniendo miedo o aterrorizadas declaren. En la secretaria de Derechos Humanos los escucharemos, recibiremos los testimonios, hay una Unidad de Atención a la Víctima, y profesionales que asistirán para lograr un juicio por la verdad histórica” finalizó el asesor quien fue acompañado por la subsecretaria de Memoria Verdad y Justicia Gladys Soto y la subsecretaria de Protección Mónica Von Siebenthal.

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