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IMPORTANTES AVANCES LEGISLATIVOS RUMBO HACIA UN CHACO SOSTENIBLE

La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira resaltó que la reciente la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral y la firma del Acta para la implementación de la Ley Yolanda brindan las herramientas legales necesarias para un modelo sustentable de provincia y país.

La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira destacó la importancia de la ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país recientemente promulgada por el presidente Alberto Fernández, junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié y de Educación Nicolás Trotta.

"Esto significa un respaldo a la apremiante necesidad de forjar un cambio de paradigma que cuestione desde sus cimientos el modelo de producción y de consumo para avanzar hacia un modelo de  sustentabilidades", destacó Soneira.

La norma se define como un proceso educativo permanente que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental a través del aporte de distintos conocimientos, saberes, valores, prácticas y aportes a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.

"En el Chaco este anuncio viene a complementarse con la firma que se realizó ese mismo día del Acta de Compromiso para la implementación de la Ley Yolanda (27.592), cuyo objetivo es la formación ambiental de las personas que trabajan en la función pública de los tres Poderes del Estado, para lograr políticas públicas coherentes con un modelo de provincia y país sostenible", manifestó Soneira.

Se trata del proyecto de ley que el ejecutivo provincial presentó en febrero de este año con igual espíritu que la nacional. "Esto pone al Estado chaqueño en el enorme desafío de generar las condiciones institucionales y los lineamientos prioritarios para provocar en todo el territorio provincial una cultura ambiental en concordancia con acciones hacia un Chaco sostenible en el ahora y asegurar futuros de vida posibles con todos y todas", celebró Soneira.

 

La ley de Educación Ambiental Integral

La Ley de Educación Ambiental Integral es una herramienta que incrementará los esfuerzos estatales para la formación ambiental. Promueve procesos educativos integrales que buscan la transversalidad de contenidos que orienten a la construcción de una racionalidad ambiental crítica.

Fomenta el respeto a la biodiversidad desde un abordaje interpretativo que contempla la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente. "Por eso también hace foco en el reconocimiento de la diversidad cultural con el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios, buscando incluir la valoración de las identidades culturales y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas", remarcó.

En ese sentido, Soneira resaltó que esta ley - al igual que con la Ley Yolanda, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela - fue posible gracias al trabajo constante que a través de los años distintos organismos estatales, movimientos campesinos, ambientalistas, feministas, organizaciones sociales, académicas, políticas y culturales realizaron sobre estas temáticas al concientizar y compartir sus demandas a la sociedad civil y exigiendo al Estado tomar acciones concretas.

"Con este nuevo marco normativo vigente es posible y más que necesario diagramar estrategias y asumir compromisos para que se avance hacia un Estado sustentable, que garantice el buen vivir de sus habitantes en armonía con el territorio'', señaló la funcionaria.

La ENEIA

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) es el instrumento de planificación estratégica y de aplicación de una política pública nacional que busca alcanzar a todos los ámbitos formales y no formales de la educación y medios de comunicación. Está dirigida a todas las edades, grupos y sectores sociales para afianzar el compromiso intergeneracional y la unión de saberes y valores diversos.

Su fin es el de promover la responsabilidad y conciencia sobre el cuidado y la preservación del ambiente y a su vez, garantizar las herramientas necesarias para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Además de gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.